Ley 30424: un paso adelante hacia la transparencia

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Con la Ley N° 30424, que entró en vigencia el 1 de enero del 2018, se refuerza en el derecho peruano la atribución de responsabilidad penal a las empresas, es decir, éstas también pueden delinquir y ser responsables de la comisión de un delito por parte de un directivo, representante o dependiente suyo.

Es importante, por ello, conocer esta Ley y su Reglamento —publicado el 9 de enero del 2019—, que son de alcance general; no solo para el sector construcción, sino para todo tipo de empresas. Un elemento a resaltar en el Reglamento, es la importancia de contar con un Modelo de Prevención, el cual, si bien no es obligatorio, es altamente recomendable por los beneficios que trae.

Los aspectos más relevantes a la Ley y su Reglamento son los siguientes:

1° Ventajas de implementar y ejecutar un Modelo de Prevención: Las empresas no están obligadas a  implementar un modelo de prevención; sin embargo, la i) correcta implementación y ii) adecuado funcionamiento de éste tiene grandes beneficios, como la liberación de responsabilidad penal por la comisión de actos de corrupción, en caso de que un directivo, representante o dependiente de la empresa incurra en esta clase de delitos. Cabe destacar que una vez adoptado el modelo, su cumplimiento es de carácter obligatorio.

2° Rol de la Superintendencia del Mercado de Valores: La Ley establece que para formalizar investigación preparatoria por la comisión de un delito tipificado en la Ley, el fiscal debe contar con un informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que verifique la aplicación y funcionamiento del modelo de prevención en relación con el delito que se investiga. Por ejemplo, si se trata de un delito de lavado de activos, esta Superintendencia verificará que el modelo de prevención se haya aplicado respecto a este tipo de delito. El dictamen de la SMV es un requisito de procedibilidad para el fiscal, quien no lo puede cuestionar.

3° No hay un modelo de prevención fijo o permanente: Si bien hay requerimientos mínimos que establece la Ley —como i) la existencia de un encargado de prevención, ii) la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, iii) la implementación de procedimientos de denuncia, iv) la difusión y capacitación y v) la evaluación y monitoreo continuo del modelo—, uno de los principios del modelo recogido en el Reglamento es la adaptabilidad del mismo, por el cual el modelo debe adaptarse a las necesidades, naturaleza, tamaño, estructura, ámbito geográfico de actuación, entre otras características de cada empresa, destacándose además que dicho modelo es un proceso continuo, que se adapta permanente a los cambios del entorno comercial y de la persona jurídica. Los criterios para elaborar el modelo de prevención, pueden estar basados incluso en disposiciones o lineamientos de carácter internacional, como las que proveen las certificaciones ISO.

JJC un paso adelante en prevención

Antes de la publicación de la Ley 30424, en JJC ya teníamos contenidos y elementos asociados a un modelo de prevención; como el Código de Ética y reglamentos internos que regulan conductas de acuerdo a los principios de integridad y ética. Con la publicación de esta Ley y antes de su entrada en vigencia, tomamos las acciones necesarias, no solo para cumplir con las disposiciones mínimas que se requerían para implementar un modelo de prevención, sino para ir más allá de lo establecido por la norma legal.

Se contrató a una de las firmas de servicios profesionales más importantes del mundo para sistematizar los insumos que ya se tenían, y para construir el modelo de prevención. Así, implementamos el modelo con participación de todas las áreas y gerencias de la empresa, empezando por la designación de un encargado del modelo de prevención por el Directorio, así como la identificación, evaluación y mitigación de riesgos e implementación de demás requisitos de estándar internacional.

Estas acciones nos permitieron lograr la certificación ISO 37001 en nuestro modelo de prevención. Cabe destacar, además, que la consultora encargada de la revisión del proceso de certificación destacó dos aspectos importantes: 1) Nuestros procesos de debida diligencia para identificar si alguno de nuestros colaboradores, proveedores, subcontratistas, socios, clientes y o cualquier otro stakeholder, está en situación de riesgo ante un caso de corrupción. 2) El funcionamiento de nuestra línea ética y comité de ética. Tenemos todos los canales de denuncia activos y administrados por un tercero independiente. Nuestro comité de ética resuelve de manera exhaustiva todas las denuncias y cuenta con un miembro externo, especialista en temas de ética y sostenibilidad.

La Ley 30424 es un avance positivo para las empresas

Esta Ley generará que las empresas se vean motivadas y acojan sus disposiciones con la implementación de un modelo de prevención. En toda empresa existen riesgos de que un dependiente pueda caer en la comisión de un delito, de aquí parte la importancia y especial atención que se da —o debería darse— a mitigar estos riesgos.  La ausencia de un modelo de prevención es un riesgo legal, pero también reputacional.

Contar con un modelo de prevención ya es un requisito para los negocios

Hoy es usual que en las licitaciones, contratos, transacciones y negocios en general, sea un requisito indispensable contar con un modelo de prevención. Por lo menos en el sector privado, esto ya representa un factor de competencia. Además, si el sector privado ya exige que se cuente con estos modelos, es muy probable que el Estado también lo exija, por lo cual, las empresas que no lo tengan implementado quedarán fuera de los grandes proyectos. La conclusión es contundente: No implementar un modelo de prevención y, sobre todo, no cumplirlo es un riesgo que no vale la pena tomar.

Acerca del autor

Álvaro Salazar
Álvaro Salazar

Gerente Legal Adjunto en Grupo JJC

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, con estudios de Postgrado en Derecho Tributario en la PUCP y Derecho de Concesiones por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es responsable de los temas legales en materia financiera, corporativa, contractual y de infraestructura de las distintas empresas del Grupo JJC en sus tres unidades de negocio: ingeniería y construcción, concesiones e inmobiliario. Asimismo, prestó asesoría especializada a empresas locales y extranjeras en los distintos procesos de promoción de inversión privada de los proyectos de infraestructura más importantes del país. Además, se desempeñó como consultor legal de varias empresas inmobiliarias líderes en el mercado local e internacional, actuando como asesor jurídico de proyectos y desarrollos de gran envergadura.

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